Conforme a los principios de universalidad y solidaridad, los que tienen recursos suficientes, ¡que aporten! Pero convendría una norma que regule integralmente la materia si es del deseo del Gobierno que este sector de la economía realice sus aportes.

Es viable jurídicamente, conforme a los elementos normativos existentes, la aplicación del principio de justicia laboral universal como mecanismo efectivo de protección directa y global de los trabajadores. No es posible permitir una economía global y no así una globalización de los derechos ya suscritos y reconocidos para todos los ciudadanos.

Al parecer, los contratos por prestación de servicios y la pensión no encuentran armonía entre sus intereses; factores como la inestabilidad, la tercerización para la contratación y otras extralimitaciones no contempladas en el marco del contrato civil, hacen que esta modalidad retrase el anhelo de consolidar el derecho pensional.

Como prestador de servicios sí tiene formas e instancias para reclamar sus derechos cuando sienta que éstos han sido vulnerados, pues si bien el contrato no es laboral, ello no exime del respeto de derechos amparados por la constitución y la ley.

Todos los actores del mundo del trabajo perdieron; aunque los trabajadores en menor medida porque a pesar de todo, Acdac, en una cultura antisindical supremamente arraigada logró reivindicar con dignidad el derecho a la huelga

Hoy cobra mayor relevancia y vigencia el principio declarado en la vigésima sexta reunión de la Conferencia Internacional celebrada en Filadelfia en 1944, según el cual “el trabajo no es una mercancía”.